Las crecientes demandas que no pueden ser atendidas por el Estado van creando una crisis de legitimidad, dada la incapacidad que tiene el Gobierno para satisfacer las necesidades de la población. La democracia participativa apunta a la ampliación de lo público hacia la esfera social, democratizando la política y la gestión pública. En el caso venezolano, Acosta (2007) indica que la sociedad pasó “de tener y vivir una democracia elitesca y contemplativa” a una “democracia participativa y protagónica”, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la cual se dispone que el Gobierno nacional y las entidades políticas que lo componen “es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. En este sentido, Castells (2001) plantea que Internet desempeña un papel importante en la transmisión de valores morales y principios, y se ha constituido como un instrumento emisor y receptor de mensajes con carga política. Muchos elementos de la democracia participativa pueden ser potenciados gracias a la ayuda de la telemática, acercando el Estado a la sociedad y rompiendo los filtros que significan “esas mediaciones” de la política, en la figura de unos partidos políticos que no satisfacen las necesidades de la población en su conjunto, donde los intereses económicos tienen más poder de influencia en las esferas públicas que la misma voluntad popular y las formas institucionalizadas de hacer política.
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